jueves, junio 20

Defensoría pide que Fiscalía abra proceso por violencia y acoso político que sufrieron dos concejalas de Sipe Sipe

El Ministerio Público debe iniciar un proceso penal de oficio por el caso de violencia y acoso político que sufrieron las concejalas Reina Jhovana Beltrán Huaranca, de Súmate, y Eva Aida Rodríguez Carrasco, de Comunidad Ciudadana (CC), en el municipio de Sipe Sipe, afirmó el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.

Las víctimas, bajo agresiones de dirigentes y comunarios de Viloma Cala Cala, Sauce Rancho y Parotani, fueron obligadas a firmar solicitudes de notas de “licencia por tiempo fijo” desde el 11 de enero hasta el 3 de mayo de 2026, prácticamente hasta el final de su gestión.

“Lo que corresponde en este momento es instar, exhortar al Ministerio Público a que, de oficio, pueda abrir un proceso penal para la investigación y establecimiento de las responsabilidades de las personas agresoras a estas dos concejalas”, sostuvo.

Las concejalas, según dijo, sufrieron agresiones verbales y físicas, al punto de que Beltrán se haya  descompensado. Efectivos policiales tuvieron que intervenir e ingresar al Concejo Municipal, sacando en camilla a la legisladora edil.

En este contexto, el Defensor del Pueblo recordó que está vigente la Ley 243 contra el Acoso y Violencia Política, por lo tanto, las y los bolivianos “no podemos tolerar situaciones de violencia, acciones de hecho, destinadas a cercenar el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres”.

Recordó que la Constitución Política del Estado estableció un régimen de participación política que respeta los derechos de las mujeres, entre otras poblaciones en situación de vulnerabilidad, por lo cual, el Estado, a través de todos sus niveles, debe garantizar el ejercicio pleno de los derechos políticos de las autoridades electas.

Callisaya informó que tomó contacto con la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (Acobol) y, de forma paralela, a través de su Delegación Defensorial de Cochabamba, se acompañó y brindó orientación a las concejalas Rodríguez y Beltrán, quienes decidieron iniciar acciones legales.

Vía: Erbol