martes, mayo 21

CIDH urge al Legislativo convocar y garantizar elecciones judiciales apegadas a la Constitución en plazos y requisitos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó este viernes a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) a convocar y garantizar las elecciones judiciales, cumpliendo los requisitos básicos y los preceptos constitucionales, y destacó el diálogo liderado por el vicepresidente David Choquehuanca.

El organismo hizo la invocación en un comunicado emitido, junto con la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), ante las protestas que llevan 12 días y que han dejado aislado al departamento de Cochabamba, al menos cuatro fallecidos y pérdidas económicas superiores a los $us 832 millones.

“La CIDH reitera su llamado al Estado, en particular a la ALP para que, en cumplimiento de su mandato, convoque y garantice las elecciones judiciales. En esta tarea, debe tomar en cuenta que los procesos de nombramientos y selección de magistraturas revisten una importancia fundamental para asegurar la independencia, imparcialidad, eficacia de los órganos judiciales”, señaló el órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Se enfatiza que los “procedimientos deben cumplir con requisitos básicos como la difusión previa de las convocatorias, plazos y procedimientos; la garantía de acceso igualitario e incluyente de todas las personas candidatas; la calificación con base en mérito y capacidades profesionales; así como participación de la sociedad civil para un efectivo control social, entre otros aspectos”.

El ministro de Justicia, Iván Lima, destacó el llamado de la CIDH, que surge en medio del diálogo abierto por el vicepresidente David Choquehuanca con frentes políticos, desde el 26 de enero, para conciliar un proyecto de ley que permita convocar a las elecciones judiciales, apegado a la declaración constitucional 0049/2023 y la Constitución.

“La CIDH nos está planteando que la elección no puede ser en plazos breves, tienen que ser plazos y procedimientos que garanticen el proceso y la gran conquista del pueblo boliviano que la mitad de las magistradas y consejeros puedan ser ocupadas por mujeres, que los indígenas, originarios y campesinos sean parte de estos tribunales”, argumentó.

El diálogo, del que participan los jefes de bancada del MAS, Comunidad Ciudadana y Creemos y los presidentes de las cámaras de Diputados, Israel Huaytari, y de Senadores, Andrónico Rodríguez, está centrado sobre la declaración constitucional 0049/2023 que dispuso la prórroga de mandato de las altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional hasta la elección de los nuevos magistrados y consejeros.

Los “evistas” y los opositores se resisten a cumplir con esa determinación constitucional, lo que ha prolongado desde el pasado miércoles hasta la fecha los encuentros en medio de las protestas de los seguidores de Evo Morales, que exigen la dimisión de los magistrados.

Precisamente la CIDH atribuye a dos razones las protesta en Bolivia: a la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que prorrogó sus mandatos y de otras autoridades judiciales, y la sentencia Constitucional Plurinacional 1010/2023-S4 del TCP “que concluyó que la Constitución boliviana no permite la reelección presidencial indefinida”, lo que afecta a Morales en su interés de volver a postular.

En su comunicado, la CIDH reconoció los “esfuerzos de la Vicepresidencia, en su rol de Presidencia de la ALP, para convocar a las fuerzas políticas a canalizar en el debate parlamentario aspectos relacionados con los hechos que motivaron las protestas, específicamente las elecciones judiciales”.

Además, resaltó que las elecciones judiciales tendrían que haber sido convocadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional en 2023, omisión que ha generado una preocupante afectación a la independencia del poder judicial y descontento social.

A la fecha, según el comunicado, la CIDH registró enfrentamientos entre civiles y agentes policiales, que resultaron en al menos 32 agentes heridos. En Potosí, el 27 de enero, tres policías fueron lesionados y al menos 9 personas fueron detenidas.

“Por otra parte, se tiene el registro de la muerte de 2 personas, presuntamente como consecuencia de los bloqueos. Asimismo, se conoció el anuncio del Estado sobre posibles investigaciones contra quienes lideran las manifestaciones”, apunta el documento.

De acuerdo con datos del gobierno, los fallecidos ya son cuatro.

La CIDH también dio cuenta que registró el anuncio estatal de garantizar rutas alternativas, vuelos solidarios y ambulancias con raciones secas para personas varadas en los puntos de las manifestaciones. Por su parte, el Defensor del Pueblo instó a las personas manifestantes para que se permita el tránsito de las personas afectadas por los bloqueos.