Hasta la pasada noche ya se tenía la redacción de la propuesta, pero la misma fue rechaza por la bancada oficialista
Hace 137 días que el país se encuentra enfrascado en el conflicto del Censo de Población y Vivienda y no se avizora una luz para salir de ese trance. En la actualidad, Santa Cruz cumple el día 35 de paro indefinido y los cruceños advierten con radicalizar las medidas sino se aprueba una ley del censo.
En la Cámara de Diputados, el Movimiento Al Socialismo (MAS) se encuentra dividido en dos facciones; mientras que la oposición presiona con una vigilia porque hace cinco días que la Comisión de Constitución no avanza para que se remita el proyecto de ley sobre el censo a la Cámara de Diputados.
“Después de cinco días y cuatro noches de vigila permanente en la Asamblea Legislativa, queda claro que el problema de fondo para el MAS no es el censo, sino la distribución de escaños y su sobrerrepresentación parlamentaria resultado de un censo (2012) mal hecho”, dijo de manera enfática el diputado de la agrupación Creemos, Erwin Bazán.
Los legisladores del MAS leales a Evo Morales se agruparon en un bloque denominado “evistas” o “ala dura”; en cambio, los “renovadores” o “luchistas”, afines al presidente Luis Arce, se integran en otra facción.
Desde los “luchistas” anunciaron que existe un consenso para trabajar en el proyecto de ley del censo; en contraposición, Morales y los “evistas” rechazaron la aprobación de una ley bajo la excusa de que la norma desautorizaría el decreto supremo del primer mandatario.
Hasta la pasada noche ya se tenía la redacción de la propuesta, pero la misma fue rechaza por la bancada oficialista.
Más de 4 meses
El 21 de julio de 2021, el Gobierno emitió el decreto 4546 en el que señala como “prioridad nacional” la realización del empadronamiento a ejecutarse el 16 de noviembre de 2022. Todo marchaba bien, según el Gobierno; incluso, el 23 de junio, el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, ratificó y garantizó la ejecución del censo este año.
El Consejo Nacional de Autonomía sostuvo una reunión la mañana del 12 de julio; después del mediodía, el Gobierno salió a informar que determinaron la reprogramación para la aplicación del censo porque en la mayoría regiones no se tenía la cartografía al 100%, entre otros argumentos.
El 14 de julio, el presidente Luis Arce emitió el Decreto Supremo 4760 en el que confirma la reprogramación del empadronamiento y dispone que se realizará máximo entre mayo y junio de 2024.
Santa Cruz fue el primer departamento en observar la reprogramación y, el 25 de julio, el Comité Interinstitucional liderado por el gobernador Luis Fernando Camacho, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuellar, llevaron adelante el primer paro de 24 horas exigiendo que el censo sea realice en junio de 2023.
El Gobierno salió por medios de comunicación a decir que era inviable porque la cartografía no tenía grandes avances.
El lunes 8 de agosto, Santa Cruz ingresó en un paro de 48 horas, incluso regiones como Potosí acompañaron la medida en apoyo a los cruceños.
En los dos días de paro se registraron amagues de enfrentamiento, amenazas y violencia entre civiles que defendieron el paro y grupos de choque que intentaban desbaratar las protestas en las calles. Los cívicos acusaron a los ministros de Gobierno, Eduaro Del Castillo, y Obras Públicas, Edgar Montaño, por “vulnerar el derecho a la protesta pacífica de las personas.
En el segundo día de paro, Montaño y sus seguidores salieron a desbloquear, incluso con maquinaria pesada, las rutas urbanas de Santa Cruz e invitó a la población a hacer sus actividades de manera normal.
El 22 de octubre, el Comité Interinstitucional de Santa Cruz decidió entrar en un paro indefinido que hoy, viernes 25 de noviembre, cumple 35 días. En el primer día de la medida se registró el fallecimiento de un funcionario de la Alcaldía de Puerto Quijarro tras caer debido a los gases lacrimógenos de la Policía en medio de enfrentamientos entre los que apoyaban el paro y los afines al Gobierno.
En respuesta, las organizaciones aliadas del partido azul decidieron cercar Santa Cruz para que el paro se levante; además comenzaron a desbloquear los diferentes puntos con el apoyo de la Policía, pero los cívicos resistieron y reafirmaron su consigna para que el censo se realice el 2023.
Cerca de la medianoche del viernes 11 de noviembre, Luis Arce emitió un mensaje presidencial donde anunció que el 23 de marzo se realizará el empadronamiento nacional, un día después promulgó el Decreto Supremo 4824 con un artículo único donde se reafirma la fecha y se garantiza la redistribución de recursos económicos con datos “preliminares” a partir de septiembre del mismo año. La norma no menciona la redistribución de escaños parlamentarios para las elecciones del 2025.
El domingo 13 de noviembre, los cívicos cruceños realizaron un cabildo donde se decidió continuar con el paro indefinido hasta que el gobierno ofrezca una ley que garantice la aplicación de los datos oficiales del censo en la redistribución de recursos y la reasignación de escaños para las elecciones del 2025.
El 21 de noviembre, el expresidente y líder del MAS, Evo Morales, expresó su rechazo a la aprobación de una ley sobre el censo y afirmó que la norma sólo se daría producto del pacto entre los «renovadores» del MAS y la oposición.
El diputado de oposición Erwin Bazán lamentó que el MAS no tenga ninguna voluntad de aprobar ninguna ley censal porque no quiere la redistribución de escaños para las elecciones nacionales del 2025 por miedo a perder su poder político.
Mientras que el jefe de bancada del MAS en Diputados, Andrés Flores, indicó que ya se llegó a un “consenso” con los legisladores para que se elabore un solo proyecto y sea remitido a la Cámara de Diputados.
Sin embargo, el diputado del ala “evista” Anyelo Ceáspedes dijo que aún se rechaza la ley y propuso que el Decreto Supremo 4824 sea reglamentado.
El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Alarcón pidió al MAS que cumpla su palabra y mantenga en el borrador de proyecto de ley que redactaron en la Comisión Constitución para que la redistribución de escaños se aplique para las elecciones del año 2025.
Vía: ANF