Según los casos, la fiscalía amenaza al procesado cuando anuncia que denunciará la arbitrariedad. Si bien ante el evidente error cometido la persona es liberada, los fiscales le recuerdan que sigue siendo investigado en el caso para evitar las denuncias.
Bajo el principio “primero encarcelo y luego investigo”, el sistema judicial boliviano continúa apresando a personas sin ningún elemento de prueba. Esta aseveración es respaldada por los diferentes casos como el de la estudiante de enfermería Danna, señalada por la investigadora, el fiscal y hasta por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en base a conjeturas, como la responsable del rapto de un menor de edad.
Con esos argumentos es que activistas de los derechos humanos y víctimas de la justicia acusan a policías y fiscales de ser una amenaza para los ciudadanos, sobre todo los de escasos recursos, y un peligro para la sociedad.
Entre algunos casos identificados están el de Carla Bravo en Tarija, acusada de homicidio, por la supuesta muerte de su pareja, que luego apareció vivo; el de Reynaldo Ramírez, un joven trabajador acusado de feminicidio y sentenciado a 30 años de cárcel; y, otro como el del médico Jhiery Fernández. Todos ellos liberados solo porque apareció una prueba irrefutable fuera del Ministerio Público, que a los fiscales no les interesó indagar.
“Son un perjuicio para la sociedad, ellos son un peligro para la sociedad, me avergüenza que esas personas con tan poco criterio usen un uniforme y estén detrás de un escritorio, ellos de verdad son un riesgo para la sociedad”, señaló la mamá de Danna muy indignada por lo ocurrido con su hija y con toda su familia.
El representante de la Asociación de Víctimas Judiciales en Tarija, Willy Neri Benito, coincidió con esta aseveración. Sus años de experiencia en el activismo por los derechos humanos le permiten identificar un “modus operandi” en los operadores de justicia, cuál organización criminal que busca beneficios mientras más personas detenidas haya.
“El peligro para la sociedad son los fiscales, los investigadores, los peritos, los jueces, ellos son el peligro porque son delincuentes, los he denunciado, pero dicen que no pueden ser sacados del cargo hasta que haya una sentencia ejecutoriada, sin embargo, a las personas a simple denuncia las encierran, entonces de esta manera se protegen, son un clan criminal”, enfatizó el activista en declaraciones a ANF.
Vía: ANF