martes, mayo 21

Advierten que proyectos de ley 073 y 075 causarán perjuicio “incalculable” y dejarán en indefensión a litigantes

El Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz advirtió este viernes que en el caso de tratar y aprobar los proyectos de ley 073 y 075 se causará un perjuicio incalculable y se dejará en indefensión a los litigantes.

“Manifestamos nuestra preocupación con relación al tratamiento que se pretende dar en la Asamblea Legislativa a (los proyectos de) ley 073 y 075 que buscan suspender los plazos procesales y cesar de sus funciones a los actuales magistrados, de concretarse esta situación se estaría generando un perjuicio incalculable al mundo litigante”, dijo la presidenta del TDJ cruceño, Marisol Ortiz.

Senadores que responden a Evo Morales y los opositores de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, en un intento por apartar del cargo a los actuales magistrados, aprobaron en diciembre de 2023, el proyecto de ley 075.

Dicho proyecto busca dejar sin efecto la prórroga de mandato de las altas autoridades del Órgano Judicial y del TCP, establecida en la declaración constitucional plurinacional 0049/2023, del 11 de diciembre de 2023.

Asimismo, aprobaron el proyecto de ley 073 que busca suspensión de plazos procesales en todas las materias.

Ante la insistencia de la oposición política de tratar y aprobar esta norma en el Legislativo, el TDJ y los vocales de Santa Cruz alertaron a la población sobre los riesgos en caso de la suspensión de plazos procesales y el cese de los magistrados electos.

“Hay que tener en cuenta que ya se aprobó la ley que llama a las elecciones judiciales estando en puertas la convocatoria a las diferentes magistraturas; por lo que consideramos que no existe ninguna razón para la suspensión de los plazos procesales y para el cese de funciones de los magistrados quienes siguen trabajando”, manifestó.

Por su parte, la vocal y presidenta de la Asociación de Magistrados de Santa Cruz, Gladys Alba Franco, alertó que una posible suspensión de plazos procesales podría desencadenar que las causas se extingan.

“Estamos muy preocupados ante la inminente aprobación de estos dos proyectos de ley que vendrían a cercenar la administración de justicia. El perjuicio va a ser enorme, hay más de 1.500 causas que han ingresado a partir del 2 de enero (…) como los plazos no son atribuibles a los imputados lógicamente van a generar una extinción y eso creo que nadie quiere”, señaló.